“Sindicatos, ¿El enemigo del Pueblo?”

SURda

Constanza Moreira *

 

Desde que el presupuesto entró a la Cámara de Diputados hemos vivido conflictos de diverso tenor. Los medios de comunicación los difunden, al menos de tres maneras. La primera fue exacerbar en la prensa, cual crónica roja, la magnitud y extensión de los conflictos, como una forma de medir la legitimidad del gobierno. La segunda, a través de la publicación de datos que pretenden comparar la conflictividad actual con la pasada, especialmente con la que se verificó en el gobierno de Vázquez. En tercer lugar, y recientemente, a través de la publicación de la popularidad de los sindicatos.

Las tres formas “objetivas” de presentar la actual conflictividad, suelen desembocar en una visión política de escasa neutralidad valorativa. Por la primera, se abona la conclusión de que el gobierno es incapaz de administrar el conflicto que sus otrora aliados (los sindicatos) ocasionan. La culpa de ello es la indolencia de Mujica, la falta de “mano dura”, y finalmente, la forma en que los gobiernos de izquierda colocan a la sociedad toda como rehén de intereses corporativos (porque claro, esto no pasaba con los blancos y colorados). Lo que no se dice nunca, es que la conflictividad no tiene solo que ver con el gobierno sino con la sociedad toda. Y que una sociedad que oculta sus conflictos, es una sociedad enferma. En general, la conflictividad es propia de países en crecimiento (donde la torta para repartir aumenta) y de sociedades organizadas. Todo lo contrario de una sociedad enferma o de un gobierno débil. Y por supuesto que “no perder nunca una huelga”, como decía Sanguinetti, no es precisamente sinónimo de buen gobierno. Si se quieren datos más “objetivos”, recordemos que la conflictividad antes era bastante más alta que ahora. Sí, cuando Sanguinetti no perdía huelgas (los datos pueden obtenerse en el Observatorio de la Ucudal).

La segunda forma de presentar la conflictividad es compararla con la que a igual período sufrió Vázquez. Nuevamente, es una forma de deslegitimar al actual gobierno de Mujica. Si con Tabaré la conflictividad era menor, ¿no será porque Mujica es incapaz de administrarlos con la firmeza que caracterizó al primero? Luego, la idea de una vuelta de Tabaré, al liderazgo de la fuerza política o a la conducción del gobierno, aparece como el resultado “casi natural” de esta comparación. Lo que no se dice a este respecto es que cuando Vázquez asumió, era el primer gobierno del FA y todos sopesaban las expectativas postergadas con la necesidad de asegurar la gobernabilidad de la naciente administración. Todavía el país no había experimentado el crecimiento espectacular de los últimos cinco años, y todavía no se sabía cuánto, aún para un gobierno de izquierda en plena bonanza económica, iba a ser difícil exterminar la pobreza y reducir la desigualdad. Y tampoco se sabía, como se sabe ahora, que las expectativas de crecimiento económico hacia el futuro son lo suficientemente buenas como para que ahora sí se pueda pedir lo que no se pidió antes.

La tercera forma de presentar la conflictividad es mostrar a los sindicatos todos (y esto es parte de la falacia)- como poseídos por una (nueva) cultura política que privilegia la demanda corporativa y egoísta por encima del interés del pueblo. Así, los sindicalistas, lejos de ser buenos izquierdistas capaces de postergar su propio interés en pos del bien común, aparecen como insaciables demandantes, prestos a tumbar un gobierno o destruir un gremio, si sus intereses no son atendidos. Esta visión, construida sobre la base de generalizaciones nada neutras (como la que equipara la huelga de los anestésico quirúrgicos con las demandas de COFE) se ha instalado y con fuerza en la sociedad uruguaya. Para mostrarlo, entonces, basta mostrar los datos de una encuesta de opinión de Cifra (que se publicó en este mismo diario y en primera página), donde se muestra a una población muy disgustada con los sindicatos. Claro que hay dos datos que curiosamente pasaron desapercibidos en la forma en que los medios levantaron el mensaje. El primero es que uno de cada tres uruguayos no tiene opinión sobre el tema. El segundo es que preguntados sobre si las reivindicaciones sindicales son justas, sólo un 14% dijo que no. Un 36% dijo que la mayoría no (pero algunas sí) y un 44% dijo que muchas de las reivindicaciones eran justas. Tampoco se dice que la aprobación del PIT-CNT por el 30% de los uruguayos no es poca cosa (si es comparada con la aprobación que merecen las Fuerzas Armadas, los partidos o las organizaciones de empresarios). Lo que importa en todo caso es que lo que la gente piensa hoy, tiene mucho que ver con lo que cree que pasa en la sociedad. Los medios construyen esta imagen (que refuerza la clase política): y el resultado está a la vista.

Sobre la conflictividad laboral, hay algunos datos “objetivos” que deben ser tomados en cuenta, pero de los que poco se habla. Recomiendo a este respecto leer los comentarios de Luis Senatore, experto en temas laborales de la Universidad de la República, publicado en el semanario Brecha, el viernes. Allí Senatore destaca tres factores que inciden en el aumento de la conflictividad sindical, y que difícilmente aparezcan en la discusión sobre el tema.

El primero es el ritmo en que se dieron las cosas, durante este año. Así, se superpusieron la ley de presupuesto, los consejos de salarios, y el capítulo referido a funcionarios públicos en el presupuesto. Por la ley de presupuesto, pasan las posibilidades de aumento de salario y cambio en las condiciones de trabajo de buena parte de los trabajadores públicos (se excluyen los de las empresas del Estado), para los próximos cinco años. Si su salario de los próximos cinco años dependiera de la negociación de ahora, Ud., ¿no lucharía hoy y pondría toda su fuerza en ello?

El segundo es el capítulo referido a la reforma del Estado, contenido en la Sección II del proyecto de presupuesto. Las diferencias surgieron en torno a dos artículos, y debo decir que el movimiento sindical y algunos (me incluyo) que defendieron una redacción alternativa a lo presentado por el Poder Ejecutivo, perdieron en toda la línea. El primero es el famoso artículo 4, ya que, en caso de haber un incremento en la inflación por encima de lo previsto, el Poder Ejecutivo defendió la idea de que se vaya a la negociación colectiva para ver qué hacer, y COFE propuso que se disparara una cláusula gatillo para que se recuperara inmediatamente. Entendámonos: no es una discusión sobre cómo aumentar el salario de los trabajadores, es una discusión sobre cómo no perder salario real.

La suba real prevista para los próximos cinco años de los asalariados públicos (con excepción de las empresas del Estado, las Fuerzas Armadas, los policías y la educación) no llega al 10%. La lucha por el artículo 4 estuvo limitada a una discusión sobre cómo proteger el salario que ya se tiene. ¿Parece una lucha tan insensata?

La segunda gran discusión que se dio hace a la presupuestación de los funcionarios eventuales, más de tres mil en el Estado. Durante el gobierno de Vázquez se permitió una Comisión Paritaria que examinara caso a caso cuándo se presupuestaban o no, y COFE pedía su reedición. El gobierno se negó a ello, y al tratar de “simplificar” las formas contractuales, introdujo la modalidad de contrato de derecho privado para contratar funcionarios no permanentes. Muchos nos opusimos a que las formas de derecho privado se fueran colando insensiblemente en el Estado. La defensa del Estado ¿no era un atributo de la izquierda? Ese Estado que tanto defendimos, ¿ahora es nuestro “opositor de clase”? ¿Una suerte de burocracia perversa que se opone a los planes y al espíritu de un gobierno progresista?

A su vez, no siempre el Estado cumple el rol de “buen patrón”. Esto lo muestra la reciente ocupación de la Suprema Corte de Justicia por parte de los judiciales, que obedece a que ésta no cumple con la ley de negociación colectiva.

La conflictividad laboral, finalmente, tiene una explicación que la complementa: son muchos más los sindicatos ahora que los de antes. La problemática del movimiento sindical de hoy, es de crecimiento. Han surgido 650 sindicatos nuevos desde 2005. Pero no solo es un aumento cuantitativo sino cualitativo, que profundiza a la vez que diversifica las demandas, incluso de trabajadores que antes no estaban incluidos en la negociación o ni siquiera en el mundo del trabajo. Como no hay que olvidar hoy a los que han logrado empleo pero aun se les reprime su sindicalización. Trabajadores que no son privilegiados, porque el día que consideremos a los derechos un privilegio, habremos perdido la mitad de la cultura sindical que creíamos tener.

La tensión entre el gobierno de izquierda y los sindicatos es normal, y es saludable. La tentación de controlar el conflicto, o “torcerle el brazo” a los sindicatos, también es parte de la naturaleza humana. Después de todo, los gobiernos quieren controlar, porque a menudo, ésta les parece la mejor administración posible difundida por el espectro conservador (no lo es, en una sociedad compleja es mejor coordinar y negociar, que controlar). Pero si la tensión entre gobierno y sindicatos se endurece, en un contexto en que la legitimidad del gobierno es alta, esto irá en contra de los sindicatos, y de la peor manera. Se dividirán entre aquéllos que apoyan al gobierno y aquéllos que creen que el gobierno es sordo y ciego a sus reclamos. De la división del movimiento sindical, no ganará nunca la izquierda, ni aún estando en el gobierno. Pues el gobierno no es el objetivo de la izquierda, sino la transformación de la sociedad. Que no podrá hacer nunca contra los trabajadores sino con ellos.

|*| Senadora de la República.

Fuente: La república 29/11/2010